Dayana Méndez Aristizábal: una lucha contra la burocracia para las mujeres migrantes en España
Dayana Méndez Aristizábal, abogada colombiana de 38 años y originaria de Florencia, una ciudad en la Amazonia, ha logrado realizar un cambio significativo en la normativa española que afecta a miles de mujeres migrantes investigadoras. Su trabajo se enfoca en la violencia de género y, curiosamente, el obstáculo que enfrentó provino del Ministerio de Igualdad, la entidad encargada de promover la no discriminación.
Formación en derechos humanos
Méndez llegó a España en 2013 para cursar un máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Luego de completar su máster, regresó a Colombia, pero volvió a Madrid años después para realizar su doctorado. Su tesis se centra en la violencia obstétrica, un fenómeno que se extiende más allá del ámbito hospitalario y afecta a muchas mujeres en zonas rurales, donde el acceso a servicios de salud puede ser extremadamente limitado.
Dificultades en la convocatoria de premios
En julio de 2023, Méndez decidió presentar su investigación a una convocatoria de premios otorgados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que premia tesis sobre violencia contra las mujeres. Sin embargo, encontró una limitación en las bases de la convocatoria: solo podían participar personas de nacionalidad española o de Estados miembros de la Unión Europea.
“No había razón para excluir a las investigadoras migrantes, especialmente cuando España se ha convertido en un destino educativo para estudiantes latinoamericanos”, argumenta Méndez. En el ámbito de los doctorados en España, más de la mitad de los estudiantes extranjeros provienen de América Latina, en su mayoría mujeres.
La lucha por la igualdad
Frente a la negativa de varias instituciones, incluido el decano de la escuela de doctorado, quien calificó el asunto como poco relevante, Méndez decidió iniciar un proceso legal. El Ministerio de Igualdad afirmó inicialmente que la exclusión de mujeres no europeas era necesaria para «retener el talento local» y debido a limitaciones presupuestarias.
Sin embargo, Méndez interpretó esta decisión como un acto de discriminación y un ejemplo de «injusticia epistémica». “Abrir la convocatoria solo a europeas reafirma la idea de que el único conocimiento válido proviene de Europa”, sostiene. Adicionalmente, aseveró que esta exclusión representa una forma de racismo institucional.
El apoyo institucional y el cambio normativo
A pesar de las adversidades, la defensa de Méndez recibió atención del Defensor del Pueblo, quien consideró justo su reclamo y solicitó al Ministerio de Igualdad una revisión de la normativa. Finalmente, este ministerio admitió la necesidad de modificar las bases del concurso para cumplir con las leyes de igualdad de trato y no discriminación.
Un avance significativo
Como resultado de su esfuerzo, este año, por primera vez en diez años, las investigadoras migrantes de América, Asia y África pudieron participar en la convocatoria, permitiendo que sus investigaciones fueran valoradas y reconocidas. Este cambio representa un avance significativo en la lucha por la igualdad en el ámbito académico y científico en España.
