El caso Ayotzinapa representa un desafío monumental para el esclarecimiento de la verdad en México. La desaparición de 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero ha estado marcada por manipulaciones y falta de transparencia desde la administración de Enrique Peña Nieto. Actualmente, la situación se complica con la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, quien se ha enfrentado a la resistencia del Ejército para ser investigado en este contexto. El clamor de las familias busca desentrañar no solo qué sucedió, sino también quiénes son los responsables.
López Obrador se comprometió a las familias de las víctimas a descubrir la verdad. Sin embargo, su postura ha generado tensiones, ya que defiende la inocencia del Ejército, a pesar de los informes de investigaciones independientes que sugieren su posible implicación en los hechos, específicamente del 27 Batallón de Infantería de Iguala. Esta situación ha provocado desasosiego entre las familias que buscan justicia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), bajo la dirección de Rosario Piedra, se alineó con la narrativa oficialista, manteniendo una distancia con el Ejército. Esta cercanía ha generado críticas, sobre todo con la reciente emisión de la recomendación 208VG/2026 el 2 de julio, que atribuye la mayor responsabilidad en el caso a las corporaciones policiacas de Iguala y sus vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos.
El informe de cerca de 900 páginas de la CNDH destaca que no existen pruebas directas que involucren a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni al 27 Batallón en la ejecución de un plan institucional contra los normalistas. Sin embargo, el informe reconoce que mandos del Ejército estaban al tanto de los eventos, aunque sostiene que su responsabilidad sería individual más que institucional.
En este contexto, el informe critica tanto la narrativa de la «Verdad Histórica», que acusaba a la Normal de Ayotzinapa de estar infiltrada por el crimen organizado, como la «Anti-Verdad Histórica», que sugiere un actuar del Ejército como parte de una acción de Estado. Se menciona específicamente el caso de Julio César López Patolzin, un normalista enlistado en la Sedena, como un ejemplo de las complejidades de la situación.
La recomendación de la CNDH, sin embargo, excluyó a la Sedena de la investigación. Esta decisión generó críticas por parte de académicos y organizaciones civiles, además de la Comisión Internacional de Expertos (GIEI), que realiza una indagatoria independiente en la que las familias han depositado su confianza. Frente a las críticas, la CNDH defendió su posición, rechazando acusaciones de omisión en la investigación del rol del Ejército y resaltando las causas penales actualmente abiertas contra elementos de la Sedena.
Además, la CNDH ha cuestionado a organizaciones que han participado en la investigación, sugiriendo que parte de los recursos destinados a su labor no ha llegado directamente a las víctimas. En un comunicado, se mencionó que más de 67 millones de pesos han sido asignados al GIEI desde el inicio del caso, cuestionando cuánto ha llegado realmente a las familias afectadas.
La recomendación ha provocado reacciones en el ámbito político. Movimiento Ciudadano (MC) ha solicitado la comparecencia de Rosario Piedra en el Congreso federal, aunque es probable que el oficialismo permanezca alineado con ella, tras su reelección confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum para el 2024.
