La justicia argentina ha frenado las intenciones del presidente Javier Milei de gobernar sin la intervención del Congreso. La Cámara Nacional Electoral declaró nulo un decreto del mandatario que buscaba restringir la concesión de la ciudadanía argentina a extranjeros, transferiendo esta decisión de la justicia al Ejecutivo. El tribunal advirtió que Milei excedió sus atribuciones y que sus acciones estaban prohibidas por la Constitución, lo que llevó a una “nulidad absoluta e insanable”.
El fallo, emitido el martes, invalidó un decreto de necesidad y urgencia firmado por Milei en mayo del año pasado. Este decreto surgió en un contexto de discurso antiinmigración, en el que el presidente asociaba la llegada de extranjeros con el aumento del crimen. En esa ocasión, Manuel Adorni, entonces portavoz del presidente, afirmó: “Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes”, antes de que Adorni dejara su cargo en medio de un escándalo por corrupción.
El Decreto 366, promovido por Milei, tenía como objetivo endurecer los controles migratorios y establecer requisitos más estrictos para la entrada y permanencia de extranjeros con antecedentes. Además, limitaba el acceso gratuito a servicios de salud y educación para aquellos sin residencia permanente. Esta normativa también transfería la potestad de otorgar la ciudadanía argentina de la justicia federal a la Dirección Nacional de Migraciones, un organismo dependiente del Ejecutivo.
Diversas organizaciones civiles y ciudadanos concretos impugnaron el decreto ante el sistema judicial. Uno de los casos que logró sentencia fue el de un ciudadano chino, residente en Argentina desde 2015 y sin antecedentes penales. A pesar de cumplir con los requisitos de la Ley de Ciudadanía, Migraciones le negó la residencia y solicitó su expulsión.
Los jueces Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía de la Cámara Electoral resolvieron declarar la nulidad del decreto de Milei, argumentando que fue emitido “en exceso de las atribuciones que la Constitución Nacional confiere al Poder Ejecutivo Nacional”. Los magistrados resaltaron la conexión esencial entre la concesión de ciudadanía y los derechos políticos y de voto, subrayando que la Constitución prohíbe al presidente legislar mediante decretos sobre asuntos electorales o sobre los partidos políticos.
Además, señalaron que las razones presentadas por el Ejecutivo para justificar la necesidad de emitir el decreto no demostraron una “rigurosa excepcionalidad y urgencia”, que justifique evadir el procedimiento legislativo. En cambio, las alegaciones se consideraron más como argumentos de “oportunidad, mérito o conveniencia”, propios de una decisión legislativa ordinaria.
El Gobierno de Milei tiene la opción de apelar esta sentencia ante la Corte Suprema de Justicia. Vale recordar que hace apenas una semana, el máximo tribunal del país falló contra otra decisión del Ejecutivo, que se negaba a acatar la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso.
