El 2 de junio, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley Escuelas Protegidas, con 105 votos a favor y 46 en contra. Este impulso decisivo llegó principalmente de la bancada de la Democracia Cristiana, mientras que los partidos Socialista (PS), Por la Democracia (PPD), Comunista (PC) y el Frente Amplio votaron en contra, expresando además reservas de constitucionalidad sobre la iniciativa.
El proyecto fue presentado el 7 de abril, solo once días después del ataque en un colegio de Calama, lo que subraya la urgencia que se sintió en el país. La transformación de esta propuesta en ley en menos de dos meses refleja una respuesta de emergencia ante una situación sin precedentes, marcando un hito en la toma de decisiones legislativas en Chile.
Esta agilidad en la tramitación ha sido criticada por algunos sectores que consideran que se priorizaron las medidas rápidas por sobre un análisis exhaustivo de la ley. Sin embargo, el Gobierno y sus respaldadores argumentan que la seguridad de los estudiantes requiere acciones inmediatas, dado el contexto de inseguridad en el que se encuentran.
Con la aprobación de esta ley, se establece un marco orientado a proteger a la comunidad educativa, generando expectativas sobre la implementación de protocolos de seguridad en los establecimientos escolares del país.
