La estrategia del «grill» comienza a dar resultados. Con cada aumento en la temperatura, la situación en Cuba —tanto en las calles como en las oficinas del régimen— se torna cada vez más insostenible. La caída del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado clave de La Habana, y el consiguiente embargo energético sobre la isla marcan el inicio de un declive que parece imparable.
La imputación de Raúl Castro, ex presidente y hermano del líder histórico de la Revolución Cubana, ha elevado aún más la presión. Ahora, la decisión del Departamento del Tesoro de EE.UU. de imponer sanciones al actual presidente, Miguel Díaz-Canel, a miembros de la familia Castro y a instituciones clave del régimen incrementa aún más la tensión.
La noche del jueves, mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, lidiaba con una mini-rebelión dentro del Partido Republicano en torno a la guerra en Irán y su propuesta de destinar fondos públicos a sus aliados —1.776 millones de dólares, ni más ni menos—, se conoció la noticia. El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció una nueva ronda de sanciones contra el liderazgo político de la isla.
Las sanciones apuntan directamente a Díaz-Canel, a Alejandro Castro Espín, hijo del ex presidente Raúl Castro, y a entidades prominentes como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los Comités de Defensa de la Revolución. Washington avanza así en su objetivo: el cambio de régimen tras 67 años de gobierno comunista.
La respuesta de La Habana fue inmediata. La “vil inclusión” de Díaz-Canel, su familia y otras instituciones en la lista de sanciones es “el último ejemplo del plan intervencionista” de EE.UU. que pretende presentar a Cuba “como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.
Sin embargo, la queja no avanza mucho más allá de un simple golpe de pies. El gobierno cubano es consciente de que no cuenta con las herramientas necesarias para combatir a su antiguo enemigo, a quien ahora ofrece tímidos signos de distensión, como la reunión sin precedentes en La Habana entre el director de la CIA, John Ratcliffe, y representantes del Ministerio del Interior de la isla el 14 de mayo.
Apenas se anunciaron las sanciones, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, advirtió a cualquier persona que considerara cooperar con el régimen. Afirma que quienes presten servicios a las entidades sancionadas también podrían ser castigados. “Los bancos y empresas extranjeras que presten servicios a estas entidades deben congelar esas actividades”, dijo en un mensaje en X. “La administración Trump no tolerará más regímenes marxistas radicales en nuestro hemisferio que busquen amenazar la seguridad nacional de EE.UU.”.
Fin del ultimátum
Este viernes también marca un ultimátum —otro paso en la estrategia de aumentar la presión. Las sanciones del Tesoro fueron anunciadas un día antes de la fecha límite del decreto ejecutivo emitido por la Casa Blanca el 1 de mayo. Este orden amenazaba con congelar los activos en EE.UU. de empresas o individuos que hicieran negocios con el régimen, especialmente con el conglomerado militar opaco de Cuba, GAESA, que controla el 40% de la economía de la isla y posee muchos de los establecimientos operados por cadenas turísticas multinacionales.
La Orden Ejecutiva 14404 brinda a Washington un amplio margen de maniobra. Por un lado, coloca a las corporaciones multinacionales en el punto de mira. Pero también desafía a cualquier persona o entidad que proporcione apoyo material o financiero al gobierno de la isla. Sectores como energía, defensa, finanzas, minería y seguridad podrían verse afectados. El texto es ambiguo, dejando sin clara la definición de a quiénes apuntará Washington.
La amenaza ya ha tenido un impacto. Cadenas hoteleras como Iberostar y Meliá han anunciado que retrocederán en sus operaciones en la isla. Iberostar, la segunda cadena más grande en Cuba (18 hoteles), que ha estado en el país desde 1993, anunció el lunes que dejaría de gestionar 12 hoteles de Gaviota, la subsidiaria hotelera de GAESA. A raíz de este anuncio, Meliá, la cadena con mayor presencia en Cuba (34 hoteles), indicó que cesaría “de inmediato” las operaciones en 15 hoteles.
La noticia de las sanciones llega dos semanas después de otra medida para intensificar la presión sobre el régimen. El 20 de mayo, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra Raúl Castro —el verdadero fuerte del régimen a sus 94 años— y otros cinco oficiales militares por asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de una aeronave.
Los cargos, presentados en Miami en el Distrito Sur de Florida, se refieren a eventos de hace 30 años: el derribo de dos pequeños aviones pertenecientes a la organización anticastrista Hermanos al Rescate. Pero eso importa poco, ya que todo es válido en la estrategia de máxima presión sobre el régimen.
“Mi mensaje hoy es claro. Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan y no olvidarán a sus ciudadanos”, declaró el fiscal general interino, Todd Blanche, a quien se espera que el presidente recompense al nombrarlo fiscal general permanente.
Todo esto se desarrolla en medio de una brutal crisis económica, donde la mayor parte de la población lucha por obtener incluso los bienes más básicos. El férreo bloqueo energético impuesto por Washington está desencadenando una crisis humanitaria. Se están produciendo apagones frecuentes y apenas hay combustible para abastecer la red eléctrica del país o llenar los tanques de una nación que busca desesperadamente una salida a su situación insostenible.
