La reciente reforma del Gobierno sobre la reducción de ratios de alumnos por aula impactará de manera desproporcionada en los centros educativos públicos y, especialmente, en los concertados, que albergan a estudiantes de mayor nivel socioeconómico. Un informe de EsadeEcPol, publicado el martes, revela que los colegios con el 25% de alumnado más privilegiado recibirán el 31,2% de los fondos destinados a esta medida, mientras que aquellos que acogen al 25% más vulnerable obtendrán solo el 21,9%. Este desequilibrio se explica por la naturaleza lineal de la reducción, lo que beneficia a los centros con aulas más saturadas, ubicadas principalmente en áreas urbanas con un perfil económico más alto.
Detalles de la Reforma Educativa
La normativa, actualmente en trámite en el Congreso, establece un límite de 22 alumnos por aula en Educación Primaria (una reducción de tres) y de 25 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), cinco menos que en la actualidad. Los centros concertados presentan un promedio de alumnos superior al de los públicos: 23,2 en Primaria frente a 19,9 en la pública, y 26,3 en ESO frente a 24,1. Esta diferencia significa que la enseñanza concertada se beneficiará más al poder desdoblar más aulas.
Los datos del Informe PISA muestran que el alumnado de los centros concertados proviene de entornos socioeconómicos más altos, un factor que influye significativamente en el rendimiento educativo. Según un estudio de Save the Children de 2024, España es el país desarrollado con mayor segregación social entre los dos tipos de redes escolares.
Impacto Económico de la Medida
El proyecto de ley contempla una implementación progresiva de la reducción de ratios hasta 2031, lo que requerirá al menos 28.180 millones de euros en una década para la contratación de docentes y la mejora de infraestructuras. Sin embargo, el coste real estimado asciende a 42.920 millones, aunque podría reducirse en 14.740 millones debido a tendencias demográficas. Estos cálculos solo abarcan Primaria y ESO, ya que el proyecto también incluirá una reducción en Infantil y Bachillerato, incrementando así los costos.
Consideraciones sobre el Aprendizaje
Los autores del informe de Esade, Lucas Gortazar y José Montalbán, también indican que una reducción de ratios, como la planteada en España, no garantiza mejoras significativas en el aprendizaje, aunque sí puede incrementar el bienestar tanto del profesorado como de las familias. Esta conclusión se alinea con un metaanálisis de estudios internacionales publicado en 2025. Además, se hace hincapié en que los alumnos más desfavorecidos son quienes más se benefician de la enseñanza en grupos pequeños, lo que pone de manifiesto un posible desajuste entre las medidas y las necesidades de este grupo.
Alternativas Propuestas
Como alternativa a la reducción general de ratios, los autores sugieren enfocar los recursos en aquellos centros que atienden a alumnado más vulnerable. Proponen redirigir los fondos hacia iniciativas con evidencias más robustas de mejora en el aprendizaje, tales como «tutorías intensivas» para el 25% de estudiantes más desfavorecidos, y complementar los salarios de los docentes en centros de alta complejidad social. Este enfoque se asemejaría en coste a lo que se destinaría a la reducción de ratios.
El informe también destaca que alternativas como la «codocencia», donde dos profesores enseñan en una misma clase, y la utilización de espacios existentes podrían ayudar a mitigar el impacto financiero de la medida. No obstante, se señala que la memoria económica del anteproyecto no proporciona una cuantificación precisa de estos costos.
Proyección de Costos y Recursos
Para el año 2031, se proyecta que el gasto alcanzará los 6.549 millones de euros, desglosándose en 4.883 millones para la contratación de docentes y 1.666 millones para infraestructuras. Se estima que el 65% de las nuevas aulas necesarias se obtendrán a partir de espacios ya existentes, y solo el 35% requerirá construcción nueva. Se anticipa que la reducción del alumnado generará ahorros de 1.380 millones, lo que resultaría en un gasto neto de 5.169 millones en ese año.
En total, Esade señala que se necesitarán 103.000 docentes adicionales para implementar la reforma, considerando tanto la plantilla actual como la nueva contratación necesaria.
