Hace cuatro años, Salvador Rangel, entonces obispo de Chilpancingo-Chilapa, ofreció una visión sobre las motivaciones detrás de los conflictos en el estado de Guerrero, un territorio que conocía bien. En ese momento, estaba cercano a Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos. Rangel afirmó que las luchas en la región, que recientemente han resurgido en varias comunidades de las montañas bajas, nunca han girado en torno a las drogas. “¡No se trata de drogas, porque aquí no hay!”, declaró el obispo. Según él, el verdadero problema es político. Sus declaraciones, al mirarlas en retrospectiva, ofrecen una perspectiva interesante sobre la violencia actual.
Violencia y desplazamiento en Guerrero
Las comunidades de Chilapa y Atlixtac, ubicadas entre las regiones Central y Montañosa, están reviviendo un angustioso ciclo de violencia. Durante más de una década, Los Ardillos, con su bastión en el municipio vecino de Quechultenango, han intentado consolidar su control en localidades de la zona y expandirse a áreas circundantes. Las comunidades de Tula y Xicotlán son las más afectadas, situándose en primera línea del conflicto. Por un lado, Los Ardillos; por el otro, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), un grupo de autodefensa que busca frenar su avance. La población se encuentra en medio de esta lucha, siendo vista como amiga o enemiga por ambas partes, dependiendo de su lugar de residencia o afiliación política.
Recientemente, una ola de ataques perpetrados por Los Ardillos, incluidos ataques con drones, ha desplazado a decenas de familias, según el gobierno estatal. El CIPOG-EZ reporta que el número de desplazados asciende a varios cientos, principalmente residentes de Tula y Xicotlán, quienes han buscado refugio en la comunidad vecina de Alcozacán. Además, la policía comunitaria ha documentado más de 70 muertes y 25 desaparecidos desde que comenzaron las hostilidades en 2014. Los últimos seis asesinatos han ocurrido en el último mes, y esta semana se han registrado ataques incluso en Alcozacán y en comunidades como Atlxitac, que marcan el límite teórico del territorio de la familia Ortega.
El trasfondo político
La política subyace en el avance criminal. Los grupos de poder buscan controlar distritos electorales, tanto locales como federales, así como bases municipales y coacción de asambleas comunitarias. En la región central, ningún grupo es tan poderoso como Los Ardillos. Una fuente con conocimiento de la política regional explica que “Los Ardillos se sienten muy fuertes y seguros con este grupo de Paz y Justicia”, que actúa como organización comunitaria. La importancia de Tula y otras comunidades para mantener el control político en la región, sobre los recursos municipales y los intereses comerciales, es indudable.
No hay duda sobre las intenciones de Los Ardillos de apoderarse de territorio y el sufrimiento de la población local es notorio. En este contexto, surge la incertidumbre en torno al papel y las motivaciones del CIPOG-EZ. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha comparado a este grupo con Los Ardillos, incluyendo a ambos bajo la esfera de otro grupo criminal conocido como Los Tlacos. Esta afirmación ha tomado por sorpresa a muchos en Guerrero, ya que Los Tlacos están más alejados, en Tlacotepec, a varias horas de Chilpancingo.
Reacción de Los Ardillos ante el CIPOG-EZ
Una posible explicación más lógica es que Los Ardillos están respondiendo a los movimientos del CIPOG-EZ y su líder, Jesús Plácido, quien anunció en enero una alianza con otro grupo de autodefensa, la UPOEG, para operar juntos en varios municipios de la zona, especialmente en Juan R. Escudero y Tecoanapa. Tras el asesinato de su fundador, Bruno Plácido, la UPOEG ha visto un evidente declive. En algunas regiones, han formado alianzas con pandillas criminales, como en Acapulco, donde se han aliado con el grupo Los Rusos.
Intereses en conflicto
Durante su entrevista, Rangel mencionó que la lucha en las montañas bajas estaba relacionada con los intereses de los partidos políticos en la región. En su opinión, el partido del presidente Claudia Sheinbaum, Morena, busca ganar control sobre comunidades históricamente dominadas por el PRI. Al respecto, Rangel destacó que “las fuerzas policiales comunitarias están divididas por el dinero”, insinuando que Morena apoya a estas comunidades a través de fondos.
Relató una anécdota que, según él, reforzaba su argumento: en un viaje a Ahuacuotzingo, esperó a su guía en una gasolinera, donde observó un camión con personas del departamento de finanzas del estado. Sorpresivamente, la policía estatal se detuvo junto a ellos, confirmando que esas personas iban a Alcozacán. Este episodio sugiere, en la mente de Rangel, que la intervención del gobierno estatal en zonas controladas por el CIPOG-EZ está vinculada a intereses políticos.
Desafíos y elecciones en el horizonte
Cuatro años después, Morena ha avanzado en algunos áreas, pero no en todas. El PRI aún controla Chilapa y ha ganado en Chilpancingo. El candidato a la alcaldía del PRI para 2024, Alejandro Arcos, fue asesinado poco después de asumir el cargo, un hecho atribuido a Los Ardillos. La convivencia política en la región es tensa, ya que la administración del PRD en Quechultenango se ha acercado al PRI. El Partido Verde, además, gobierna en Atlixtac, donde su alcalde sobrevivió a un atentado el año pasado. En cuanto al CIPOG-EZ, su incursión en Tecoanapa y Juan R. Escudero no ha logrado consolidarse completamente.
De cara a las elecciones del próximo año, que incluirán puestos de alcaldes, gobernadores y representantes estatales, el clima de tensión y violencia podría incrementarse significativamente.
