Auge de la inteligencia artificial y su impacto ambiental
El crecimiento de la inteligencia artificial (IA) y las criptomonedas ha llevado a un aumento significativo en el número de megacentros de datos. El informe El nexo entre el agua y la energía, elaborado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos al agua potable y al saneamiento, señala que este crecimiento conlleva importantes demandas de agua y un incremento drástico en el consumo de electricidad. Esto genera riesgos para los ecosistemas acuáticos y plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad futura.
Centros de datos y su consumo energético
Los centros de datos son esenciales en la digitalización actual, ya que almacenan la información en la nube y ejecutan cálculos requeridos para diversas aplicaciones, incluyendo la minería de criptomonedas. Estos centros requieren grandes cantidades de electricidad para operar de manera continua y agua para refrigerar sus sistemas. A medida que la IA se vuelve más relevante, la demanda de energía ha aumentado considerablemente.
El informe reconoce que, aunque no hay cifras precisas sobre la cantidad de centros de datos a nivel mundial, diversas estimaciones sugieren que existen más de 10,000. En este contexto, el expresidente de EE. UU., Donald Trump, anunció inversiones de 500,000 millones de dólares destinadas a impulsar la IA, con la mayoría de los fondos dirigidos a la construcción de nuevos centros de datos y plantas energéticas.
Demandas sobre recursos hídricos y energéticos
El relator especial de la ONU, Pedro Arrojo, insta a que los Estados y organizaciones internacionales implementen una moratoria en la activación de nuevos centros de datos. El informe destaca la urgencia de proporcionar información clara sobre el consumo de agua y energía, así como los riesgos que estos representan para el cambio climático y los derechos humanos de comunidades vulnerables.
El informe también subraya las preocupaciones sobre la falta de transparencia en los contratos de suministro de agua y energía. Esta opacidad dificulta la evaluación del consumo real de recursos por parte de esta industria. Por ejemplo, se estima que la huella de agua de los centros de datos en EE. UU. fue de 513 millones de m³ en 2018, lo que los sitúa entre las diez industrias de mayor consumo de agua en el país. Además, se proyecta que, para 2027, la demanda mundial de agua por parte de estos centros podría alcanzar entre 4,200 y 6,600 millones de m³.
Proyecciones sobre el consumo energético
Desde el punto de vista energético, las proyecciones son aún más alarmantes. El informe indica que, en EE. UU., se espera que el 12% de la electricidad consumida vaya destinada a centros de datos. A medida que la demanda energética relacionada con la IA aumenta, se ha comenzado a hablar de una posible crisis energética. Esto ha llevado incluso a la Administración Biden a considerar la posibilidad de que algunas empresas utilicen reactores nucleares para alimentar sus centros de datos.
Impactos en los ecosistemas
El informe advierte que los efectos indirectos de la creciente demanda energética sobre los ecosistemas acuáticos podrían ser devastadores. Este aumento de la demanda está llevando a la reactivación de la construcción de grandes presas y centrales térmicas y nucleares, lo que podría acelerar el cambio climático y aumentar los riesgos de contaminación del agua. Empresas como Amazon, Google, Meta y Microsoft ya están forjando alianzas con la industria de hidrocarburos y planificando la construcción de centrales nucleares para satisfacer su creciente demanda.
El relator enfatiza que el crecimiento masivo en la demanda de agua y electricidad por parte de esta industria podría socavar los esfuerzos de mitigación climática existentes y competir con necesidades básicas, incluyendo el acceso al agua potable y la electricidad asequible para comunidades empobrecidas.
Necesidad de una moratoria
Arrojo advierte que la expansión de la IA y los centros de datos podría llevar a un «suicidio anunciado» en términos de sostenibilidad. Por ello, apela a la implementación de una moratoria en la construcción de nuevos centros hasta que se aclare su impacto en el consumo de recursos y se puedan desarrollar estrategias más sostenibles.