Controversia en el Gobierno Chileno por Propuesta de Control Migratorio en Servicios Públicos
La ministra de Salud, May Chomali, ha manifestado su preocupación ante la reciente propuesta del Gobierno de José Antonio Kast, que exige a ciertas instituciones públicas, incluidos centros educativos y de salud, reportar información sobre migrantes irregulares sujetos a órdenes de expulsión. En una entrevista con Radio 13C, Chomali afirmó: “Lo estamos mirando con bastante preocupación”.
Details de la Propuesta Legislativa
El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, presentó esta medida en la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, donde se debatían modificaciones a la ley de migraciones. La propuesta busca que el ingreso clandestino a Chile se considere un delito y cuenta con el apoyo del presidente Kast, quien argumentó que “la única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos”.
Reacciones desde el Gobierno y el Sector Salud
La propuesta ha generado discordia incluso entre miembros del propio Gobierno. Por un lado, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, expresó en Radio Agricultura que “todo sirve, por supuesto que todo sirve, así que es bienvenido”. Sin embargo, Chomali subrayó que el Ministerio de Salud no puede reportar a los pacientes, debido a que la información se proporciona en el contexto de atención sanitaria, protegida por el código sanitario y la ley de derechos y deberes de los pacientes. “Eso lo vamos a defender absolutamente”, agregó.
Según la legislación impulsada por Kast, se requeriría que “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud, público o privado, así como establecimientos educativos, entreguen los antecedentes requeridos a la autoridad administrativa migratoria y contralora”. Esto incluye datos personales como domicilio, teléfono y correo electrónico de extranjeros en procesos migratorios.
Aclaraciones de la Administración
No obstante, el subsecretario Pávez, en una entrevista con T13 Radio, aclaró que se busca que la autoridad solo pueda solicitar información a las instituciones del Estado en caso de un proceso de expulsión. Reiteró que no existe una “obligación” de reporte o denuncia, desatando confusión entre los distintos sectores sobre la interpretación de la propuesta. “Necesitamos aplicar el principio de interoperabilidad para poder materializar las expulsiones”, destacó.
Críticas del Sector Sanitario
La iniciativa ha recibido fuertes críticas del sector sanitario en Chile, donde se ha cuestionado su intención. Carlos Becerra, tesorero nacional del Colegio Médico (Colmed), expresó su preocupación por la violación del secreto profesional que implicaría la entrega de datos de pacientes y su potencial impacto en la confianza en el sistema de salud. “Esto trasgrede varios acuerdos internacionales donde la salud no debiera estar supeditada a ninguna consideración”, afirmó Becerra.
La médico Izkia Siches, exministra del Interior y expresidenta del Colmed, también criticó la propuesta, advirtiendo que convertir a los hospitales en espacios de temor representa un riesgo para la salud pública. Jaime Mañalich, exministro de Salud, comentó que aplicar esta iniciativa “sería un error grave” que alejaría a personas enfermas del sistema de salud, afectando a toda la población.
