Más de mil estudiantes del sur del Huila, en la región andina de Colombia, se encuentran sin asistir a clases debido al temor generado por la estructura criminal Ismael Ruiz, vinculada a las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco. Los habitantes del municipio de Guadalupe han optado por no carnetizarse, como lo exige este grupo delictivo, lo que ha llevado a represalias por parte de los criminales. Un mensaje de voz difundido por Whatsapp advertía: “Si no se carnetizan todos, no habrá clase en este corregimiento”. Esto ha generado pánico en las veredas La Planta y Cachimbal. El alcalde Alberto Toledo confirmó la situación, mencionando que más de 1.200 personas están afectadas: “Es la primera vez que enfrentan una situación así”, expresó.
Este caso no es aislado. En la última semana, miembros del frente “Franco Benavides” ingresaron a una escuela en el departamento de Nariño para hacer propaganda con los menores. Asimismo, en el Cauca, un video difundido por fuentes locales mostró cómo integrantes del mismo grupo ilegal se refugiaron en un colegio. Estas acciones ponen de manifiesto la incapacidad del Estado colombiano para proteger el entorno educativo, a pesar de haber firmado el acuerdo internacional Escuelas Seguras, que busca salvaguardar a la niñez.
Según diversas organizaciones no gubernamentales, Colombia experimenta el mayor número de ataques a colegios en América, solo superado por conflictos en el Congo, Ucrania y Gaza. A pesar de los recientes incidentes, la única reacción del Gobierno fue a través de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, que destacó en un comunicado que “los entornos escolares son bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que su ingreso es una grave infracción inadmisible”.
Ante esta alarmante situación, Save the Children ha solicitado al Gobierno actuar con urgencia frente al recrudecimiento del conflicto que afecta a la niñez. La organización hizo un llamado a todos los actores armados y a las futuras mesas de negociación a asegurar la desvinculación de menores de edad, enfatizando que la protección integral de la niñez debe ser un requisito no negociable en cualquier proceso de paz. También instaron al Estado a cumplir con lo acordado en el marco del compromiso Escuelas Seguras, elevando la protección de la niñez en espacios multilaterales.
Las amenazas en los entornos escolares adquieren mayor importancia en el contexto del preocupante incremento del reclutamiento forzado en el suroccidente del país. De acuerdo con informes de Naciones Unidas, el reclutamiento de menores se ha cuadruplicado en los últimos cinco años, con un promedio de un niño reclutado cada 20 horas en 2024. La situación continúa dejando a los niños y niñas en Colombia a la espera de un compromiso real del Estado con su seguridad y su derecho a la educación.
