Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha decidido actuar enérgicamente para bloquear la regularización de más de 500.000 inmigrantes que residen en España. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso presentado por su Gobierno para frenar el real decreto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, una acción que Ayuso ha calificado de urgentemente necesaria por motivos que considera de “seguridad nacional”.
El discurso de Ayuso es complejo. A pesar de manifestar su apoyo a la comunidad latinoamericana en Madrid, que incluye una destacada popularidad entre la colonia venezolana, su postura se torna crítica frente a la regularización que beneficiaría a un gran número de latinoamericanos en España, donde se estima que dos de cada tres solicitantes provendrían de esta comunidad.
En su intento por suspender el decreto, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid presentó el recurso a finales de la semana pasada. Esta acción ha sido admitida a trámite, lo que indica que cumple con los requisitos legales y está sujeta a revisión. La noticia fue confirmada por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.
La oposición de Ayuso a la regularización se basa en su creencia de que impactará negativamente en los servicios públicos de Madrid, argumentando que no se han establecido mecanismos adecuados de financiación ni provisión de recursos. También sostiene que el decreto podría contravenir la normativa europea y afectar a la “seguridad nacional”, aunque no existen estudios que avalen esta afirmación. Históricamente, regularizaciones masivas se llevaron a cabo durante los mandatos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero sin provocar problemas significativos.
Ayuso ha endurecido su retórica sobre la migración, especialmente a medida que Vox, el partido de ultraderecha, ha ido ganando influencia en el panorama político. Su intención es evitar una situación similar a la que se vivió en Extremadura, donde el PP enfrentó pérdidas significativas. La noción de “seguridad nacional” se ha utilizado de diversas maneras en el ámbito político; por ejemplo, Estados Unidos la invocó para justificar acciones en Caracas, y también ha sido empleada en la lucha contra el terrorismo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha expresado su preocupación por el desorden administrativo que podría generar este decreto. A pesar de que más de 400 oficinas en todo el país abrieron para recibir solicitudes, la presión se sintió el primer día, debido a la falta de información sobre el proceso, horarios de atención y problemas técnicos en los sistemas informáticos.
En apoyo a su posición, los asesores de Ayuso han destacado un artículo de Europa Press que menciona que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones enviará criterios de interpretación sobre los certificados de vulnerabilidad. Este factor ha sido aprovechado por Ayuso para cuestionar la regularización, posicionándose como una voz líder en este debates dentro del seno del Partido Popular, incluso por delante de su líder, Alberto Núñez Feijóo.
