En 2025, Colombia enfrentó sucesos que parecían pertenecer a un pasado lejano, como un magnicidio, tomas armadas que paralizaron municipios y repetidos bombardeos de campamentos de grupos armados ilegales. Aunque el contexto ha cambiado y los actores se han fragmentado, la seguridad y el orden público ocupan un lugar central en la agenda política del país. Este año, el balance no es favorable para el Gobierno de Gustavo Petro. Durante la instalación del Congreso en julio, el presidente admitió las dificultades de su política de “paz total”, señalando que “no se ha logrado la paz total”. Este enfoque ha sido una de las piedras angulares de su campaña desde 2022, pero los resultados han sido desalentadores. Iván Mordisco, líder de una de las disidencias de las FARC, ha intensificado su confrontación con el Estado y ha sido catalogado por el Gobierno como miembro de la Nueva Junta del Narcotráfico, con una recompensa de más de 5.000 millones de pesos (aproximadamente 1,3 millones de dólares) por su captura.
El año de las crisis humanitarias
El inicio del año estuvo marcado por crisis humanitarias, recordando eventos violentos del pasado. En enero, una ofensiva del ELN en el Catatumbo provocó el desplazamiento de más de 80.000 personas, constituyendo una de las peores crisis humanitarias en la historia reciente del país. La guerrilla, que mantenía diálogos de paz, amenazó a firmantes del acuerdo y reinstaló prácticas de control armado en comunidades. El año cerró con una toma armada en Buenos Aires, Cauca, que duró más de nueve horas y evocó los episodios más dolorosos del conflicto. Este enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las FARC continuó afectando a la población civil durante meses.
Numerosas regiones rurales sufrieron emergencias a lo largo de 2025. En el sur de Bolívar, los enfrentamientos entre el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC desencadenaron desplazamientos forzados y amenazas. La Defensoría del Pueblo registró cuatro desplazamientos masivos, cinco poblaciones confinadas, homicidios selectivos y un aumento en el uso de explosivos improvisados.
Crisis en los ceses de fuego
Los ceses al fuego, similares a fracasos del pasado, también fueron tema central en el debate sobre seguridad. Hasta abril, se mantuvieron ceses bilaterales con el ELN y con la disidencia conocida como Estado Mayor de Bloques, sin embargo, estos fueron perjudicados por reiterados incumplimientos y ataques a la fuerza pública. A pesar de las intenciones del Gobierno de ver en el cese una oportunidad de paz, los actos de violencia contra la población civil erosionaron estos esfuerzos. Leonardo González, director de la organización de derechos humanos Indepaz, explica que, aunque estos ceses brindaron alivios temporales, también permitieron a los grupos armados consolidar su poder.
El retorno a políticas cuestionadas
Luis Fernando Trejos, docente e investigador del conflicto armado, considera que 2025 evidenció un “desgaste irreversible” de la política de paz total. En febrero, el Gobierno designó a un general como ministro de Defensa, una decisión que revivió prácticas de hace tres décadas. Este cambio implicó reactivar estrategias como la aspersión con glifosato y bombardeos, lo que generó controversia entre sus bases progresistas, especialmente tras un operativo que resultó en la muerte de ocho menores de edad.
La violencia se infiltra en la política
El 7 de junio, un atentado contra el precandidato opositor Miguel Uribe Turbay reavivó el debate sobre la seguridad de líderes políticos y el fantasma del magnicidio. Uribe, quien sobrevivió al ataque, falleció dos meses después en un hospital. Este hecho obligó al Gobierno a reforzar medidas de protección para políticos y alteró el inicio de la contienda electoral, evidenciando el deterioro de la seguridad en los círculos políticos del país.
Aumento de la guerra urbana
En el segundo semestre del año, la violencia se trasladó a contextos urbanos como Cali, que se convirtió en el principal foco de atención. El frente Jaime Martínez, disidencia de Mordisco, llevó a cabo al menos cinco ataques durante el año, incluyendo explosiones que dejaron varios heridos y un atentado en agosto que causó la muerte de seis personas.
Las tomas a pueblos reviven el terror
El cierre del año fue marcado por una toma armada en Buenos Aires, Cauca, donde cientos de ilegales sitiaron el municipio durante más de nueve horas. Este suceso, atribuido a disidencias de las FARC, demostró la capacidad de estos grupos para desafiar a la Fuerza Pública en áreas cercanas a importantes ciudades.
Las cifras del deterioro
2025 se consolidó como el año más violento del actual gobierno en términos de homicidios, con un total de 13.817 muertes, la cifra más alta durante el mandato de Gustavo Petro. Esto se traduce en un asesinato cada 39 minutos, evidenciando el fracaso de la política de paz total. Las cifras de homicidios muestran un aumento significativo en varias regiones del país, mientras que la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos continuó siendo alarmante, con 76 masacres y alrededor de 250 víctimas registradas.
El comportamiento violento de 2025 refleja un deterioro de la seguridad que coincide con el desgaste de los ceses al fuego y la fragmentación de los grupos armados. Sin embargo, a pesar de estos problemas, algunos analistas advierten que no se prevé un regreso a los niveles más graves de violencia que caracterizaron el inicio del siglo XX.
